Recientemente, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, alertó acerca de un importante riesgo de recesión de la actividad económica. Aun cuando es poco probable que esto suceda, todo apunta a que el crecimiento económico de los próximos meses será más débil e insuficiente para crear los empleos de calidad que la población necesita. Hasta el momento, ciertas señales reafirman estas perspectivas de desaceleración. El ritmo de crecimiento de las importaciones de bienes de capital y del crédito empresarial, indicadores relacionados con la inversión privada, se ha debilitado en los últimos meses. Más aún, el empleo en Lima, las aportaciones a EsSalud y el pago de impuesto a la renta de quinta categoría, indicador relacionado con los ingresos de trabajadores dependientes de mayores ingresos, han mostrado nuevas señales de deterioro. Así, la cautela empresarial y el fuerte golpe sobre la capacidad adquisitiva de los hogares limitan el crecimiento de la demanda interna. De hecho, casi el 60% de empresas clientes del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de APOYO Consultoría ha percibido una disminución en el ritmo de crecimiento de sus ventas en agosto.
Una de las principales fuentes de riesgo de desaceleración es el fuerte deterioro de las expectativas de las empresas y los consumidores. Si bien ciertos choques externos –como el aumento de costos a nivel global y el menor crecimiento de nuestros socios comerciales– afectan las perspectivas económicas, una de las principales causas del crecimiento mediocre es la alta desconfianza de los actores locales. La elevada incertidumbre política, la falta de predictibilidad y la mala calidad de las políticas públicas, la poca capacidad de gestión del Gobierno y el deterioro regulatorio en materia laboral limitan las decisiones de contratación, de inversión e incluso de consumo.
En este contexto, se debe priorizar la reducción de la inflación y la reactivación de la inversión pública, pero sobre todo la recuperación de la confianza de los actores privados de la economía. Solo eso permitirá dinamizar la inversión privada y generar un entorno favorable para las contrataciones formales. Una política fiscal expansiva, como la anunciada por el ministro, no corrige las principales causas de crecimiento débil y más bien podría generar problemas adicionales. En específico, incrementar el gasto corriente, en un contexto de alta inflación y desconfianza empresarial, generará mayores presiones inflacionarias y obligará al Banco Central a elevar la tasa de interés más de lo previsto, lo cual debilitará aún más la demanda interna.
Para reducir la inflación, el BCR debe aumentar la tasa de interés, como ha venido haciéndolo. A través de este instrumento, la política monetaria puede controlar las expectativas de inflación, limitar la demanda interna para reducir las presiones inflacionarias y favorecer la apreciación de la moneda local.
Por otro lado, hace falta que el Estado dinamice la actividad económica mediante mayor gasto público productivo. El incremento de la inversión pública es el componente del gasto público que tiene un mayor impacto en la actividad económica, pues no sólo aumenta la demanda interna, sino también impacta en el crecimiento potencial, que es la manera más sana de crecer sin generar presiones inflacionarias. La Contraloría ha reportado que existen 2 346 obras públicas paralizadas por un valor cercano a los S/30 mil millones, que requieren de una inversión de S/14 mil millones para ser concluidas y mejorar la provisión de servicios públicos.
Finalmente, lo clave para evitar una desaceleración económica durante los siguientes meses es la recuperación de la confianza empresarial. El sector privado es el principal motor de la economía. De hecho, la inversión privada representa cuatro veces la inversión pública. Sin embargo, hasta el momento, la agenda del Gobierno genera incertidumbre y desincentiva las decisiones de inversión y contratación formal. Esto es evidente en la evolución de variables clave como la confianza empresarial y el tipo de cambio que, en condiciones normales, se habrían visto favorecidas por los altos precios de exportación en el último año.
Por el contrario, en 2021, el tipo de cambio alcanzó su nivel máximo histórico y la confianza empresarial cayó a mínimos desde que se tiene registro (excluyendo la pandemia). Asimismo, el fuerte deterioro regulatorio en material laboral es la principal limitante de las contrataciones para 2 de cada 5 empresas clientes del SAE. En ese sentido, es urgente que haya un giro drástico en las prioridades del Gobierno. Lo que se requiere es un marco normativo amigable a la inversión privada, una mejora en la gestión del Gobierno y mayor predictibilidad en la implementación de políticas públicas.
Repasemos los hechos:
- El BCR está enfrentando la alta inflación con incrementos de la tasa de referencia, con lo cual ha salido rápidamente de la posición expansiva que tenía hace un año. Durante los últimos 12 meses la tasa de interés de referencia del Banco Central ha aumentado desde 0,5% hasta 6,5%. Esto ha contribuido a controlar las expectativas de inflación y reducir la demanda de familias y empresas, lo cual disminuye las presiones inflacionarias. En este contexto, medidas que inyecten liquidez en la economía, como un Reactiva III o una política de mayor gasto público, serían contraproducentes y obligarían al BCR a tomar una posición más contractiva de la esperada.
- En el último año, se ha descuidado la ejecución de la inversión pública, la principal herramienta dinamizadora de la economía a cargo del Gobierno. La baja capacidad de gestión ha venido limitando el impulso de este motor sobre el crecimiento económico. De hecho, la inversión pública ejecutada por la actual gestión, que representa menos del 2% del PBI, ha caído 7% en los últimos siete meses, con respecto al 2021. En ese sentido, hacen falta medidas que destraben proyectos de inversión pública y generen gasto productivo.
- Los cambios recientes al marco regulatorio, sobre todo en materia laboral, generan incertidumbre en el entorno para hacer negocios y aumentan las rigideces y los costos de la contratación formal, lo que determina que la política fiscal pierda efectividad en dinamizar la economía. Se requiere un cambio radical en la dirección de la política laboral, que fomente las contrataciones formales, de mayor productividad y remuneración. En ese sentido, el Gobierno debería dar marcha atrás en cambios arbitrarios a las normas de tercerización y negociaciones colectivas, que van en contra de la creación de empleo, de la productividad de las empresas y de las relaciones laborales balanceadas entre trabajadores y empleadores. En su lugar, se requiere un marco normativo amigable a la inversión privada, una mejora en la gestión gubernamental y mayor predictibilidad en la implementación de políticas públicas.
