En el Perú, el 27% de las mujeres ha experimentado violencia física por parte de su pareja y el 7% ha sufrido violencia sexual. Si bien el porcentaje que reporta haber sido agredida físicamente alguna vez ha venido reduciéndose, se mantiene en un nivel alarmante. Más aún, el porcentaje de mujeres que ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida se ha mantenido prácticamente estancado en la última década y los casos graves que terminan en feminicidios han venido en aumento. Estas cifras ubican al Perú como el segundo país con mayor prevalencia de violencia de género en Latinoamérica, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud.
La violencia tiene impactos significativos y evidentes como el daño sobre la seguridad física y psicológica de las mujeres y de sus familias e incluso puede resultar en la pérdida de vidas. Además de ello, la violencia está relacionada con una pérdida de productividad para las víctimas y sus hijos, lo que termina perpetuando el círculo de violencia. De hecho, un estudio realizado por las Naciones Unidas en Villa El Salvador, uno de los distritos con más casos de violencia de género en el país, reveló que casi el 20% de las mujeres que fueron agredidas por sus parejas perdieron días de trabajo remunerado. En promedio, estas mujeres dejaron de trabajar 23 días al año, lo que representa ingresos no percibidos por S/ 1 300, equivalente un ingreso mensual promedio. Adicionalmente, el 22% de las mujeres que experimentaron violencia doméstica gastaron S/ 1 230 en promedio al año en atenciones médicas, asesoría legal y otras protecciones.
El impacto es intergeneracional. Los niños en hogares que viven en hogares donde la madre es víctima de violencia de género tienen una probabilidad 33% mayor de sufrir castigos físicos durante su niñez. Además, los niños en hogares donde las madres sufren violencia tienen una probabilidad seis veces mayor de reprobar un grado escolar que aquellos en hogares sin violencia.
Existen diversos factores que incrementan el riesgo de sufrir violencia para las mujeres y reducen la probabilidad de que denuncien a sus agresores. Entre ellos, dos factores resaltan en el caso peruano: i) la normalización del uso de la violencia en la sociedad y dentro del hogar, y ii) la dependencia económica de las mujeres.
En primer lugar, la tolerancia hacia la violencia es elevada en la sociedad peruana. De hecho, uno de cada seis peruanos afirma que existe alguna explicación para que un hombre ejerza violencia física sobre su esposa, según la Encuesta Mundial de Valores realizada en el 2022. Si bien este ratio se ha reducido desde la medición anterior, se ubica todavía por encima de lo observado en otros países de la región, como Uruguay, Brasil o Colombia. Específicamente, el 27% de la población justifica el uso de la violencia ante la falta de respeto de una mujer con su esposo y el 33% en casos de infidelidad, según la Encuesta Nacional Sobre Relaciones Sociales (ENARES) realizada en el 2019.
Por su parte, la normalización del uso de violencia en el hogar durante la infancia incrementa el riesgo de victimización en la adultez. De hecho, el 62% de las mujeres que crecieron en un hogar donde la madre fue víctima de violencia reportan sufrir violencia doméstica. Este porcentaje es de 48% para aquellas que no fueron testigos de violencia en su hogar familiar.
En segundo lugar, el alto grado de dependencia económica de las mujeres limita su capacidad para denunciar casos de violencia. En el Perú, casi el 30% de las mujeres no cuenta con ingresos propios –en comparación con el 13% de los hombres–, lo que reduce sus opciones para escapar de entornos violentos. En efecto, solo el 26% de las mujeres que fueron víctimas de violencia y no contaban con un empleo buscaron ayuda. Este porcentaje es casi 10 puntos porcentuales mayor para las mujeres que sí tenían independencia económica. De manera similar, contar con educación superior incrementa la probabilidad de que una víctima busque ayuda, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).
Frente a esta situación, el Estado peruano viene implementando una serie de políticas para prevenir, atender y proteger a las víctimas de violencia de género. El programa AURORA, creado en el 2001, hoy gestiona más de 400 centros de emergencia mujer (CEM), la Línea 100 y el Chat 100, iniciativas que brindan servicios gratuitos de atención psicológica, legal y médica, así como información y apoyo emocional. De manera más reciente, en el 2019, se diseñó un programa presupuestal orientado a resultados (PPOR) que articula esfuerzos de diferentes actores del Estado para reducir la ocurrencia de violencia.
Desde APOYO Consultoría resaltamos la importancia de implementar de políticas basadas en evidencia para reducir la violencia contra la mujer y proponemos algunas medidas concretas para multiplicar y acelerar su impacto:
- Priorizar la evaluación de impacto de las intervenciones implementadas a la fecha: En la última década, el presupuesto asignado por el Gobierno para la lucha contra la violencia de género, a través de distintos programas, casi se ha triplicado en términos reales. Sin embargo, no existe claridad sobre el impacto que este ha tenido en efectivamente reducir la violencia. La iniciativa más reciente, el programa presupuestal por resultados (PPOR) cuenta con un presupuesto de S/ 570 millones (0,22% del presupuesto total del Estado) y contempla intervenciones como capacitaciones a niños en edad escolar a cargo del MINEDU, atención e identificación de mujeres en riesgo en centros de salud del MINSA y la implementación de medidas de protección efectivas a cargo del Poder Judicial, entre otras. Si bien las distintas entidades encargadas muestran el avance en metas físicas (por ejemplo: número de personas capacitadas, número de mujeres atendidas), no evalúan todavía el impacto que estas medidas están teniendo sobre indicadores de resultados relacionados con la ocurrencia de violencia. Es fundamental implementar evaluaciones de impacto rigurosas para estas intervenciones, con el objetivo de identificar las medidas más efectivas, ajustar o rediseñar aquellas que no alcancen los resultados esperados, y detectar posibles cuellos de botella en su implementación.
- La normalización de la violencia en la sociedad debe ser combatida, implementando medidas que involucren tanto a mujeres como a hombres y priorizando la concientización desde edades tempranas:
- Escalar programas orientados al cambio de normas sociales que usan la tecnología para ganar eficiencias: La estrategia del Estado incluye proyectos de sensibilización enfocados en hombres, que buscan disuadir de comportamientos violentos en contra de la pareja. Sin embargo, de acuerdo con el informe de resultados del programa a julio de este año, el avance en la implementación ha sido bajo (solo 71 personas capacitadas). Proponemos adoptar modalidades de capacitación virtuales, como el programa “Hablemos entre Patas” del BID e IPA que, a través de mensajes de WhatsApp, promueve espacios virtuales de sensibilización orientados a hombres para el desarrollo de habilidades como la comunicación efectiva, la regulación emocional y la valoración del consentimiento. El programa tiene un costo de S/ 35 por usuario y, a través de una evaluación de impacto, se ha estimado una reducción de 2 puntos porcentuales (p.p.) en la probabilidad de sufrir violencia sexual para las parejas de los usuarios (5 p.p. en el caso de mujeres que ya habían sufrido violencia antes de la intervención), además de reducir la tolerancia hacia la violencia en los usuarios.
- Evitar la eliminación de contenidos educativos clave para la prevención de la violencia de género del currículo escolar: En octubre de este año, se presentó un proyecto de ley en el Congreso que busca eliminar del currículo escolar la Educación Sexual Integral (ESI), marco en el que están incluidas las enseñanzas relacionadas con la prevención de la violencia de género. Este contenido incluye enseñanzas que permiten a los niños y adolescentes identificar situaciones de riesgo y abordar temas complejos como la vulneración de derechos sexuales y los feminicidios. Consideramos que es fundamental conservar este contenido dentro del currículo escolar, ya que constituye una herramienta clave para la prevención de la violencia de género y la concientización desde edades tempranas. Un estudio realizado en Buenos Aires incluso encontró que este tipo de enseñanzas en entornos escolares fueron la principal motivación para denunciar casos de violencia sexual en víctimas entre 12 y 14 años.
- El empleo es liberador para las mujeres, pues les permite generar ingresos propios y contar con las herramientas necesarias para denunciar y salir de entornos violentos. El crecimiento económico y la creación de empleos, sobre todo formales, son piezas clave en el empoderamiento de las mujeres. Además, es fundamental impulsar medidas que faciliten el acceso de las mujeres al mercado laboral:
- Ampliar la oferta de centros de cuidado infantil para asegurar que más mujeres puedan trabajar, como mecanismo para independizarse de entornos violentos: Para garantizar que las mujeres cuenten con la autonomía necesaria para denunciar casos de violencia, es fundamental facilitar su inserción en el mercado laboral. De acuerdo con la OIT, uno de los principales limitantes para esta inserción es la carga desproporcional de las labores de cuidado, ya que el 70% de las mujeres que no participan en el mercado laboral lo atribuyen a los que haceres del hogar. En ese sentido, proponemos medidas para ampliar la oferta y cobertura de servicios de cuidado infantil. Un ejemplo innovador es el modelo de las Manzanas de Cuidado en Bogotá, que integran en un solo espacio servicios como guarderías, atención en salud, educación básica y formación para el emprendimiento, permitiendo que las mujeres accedan a recursos clave mientras sus dependientes reciben atención especializada. Esta iniciativa optimiza infraestructuras existentes como colegios y bibliotecas, reduciendo costos y maximizando su impacto social. Incluso, se pueden escalar programas ya existentes en Perú como Cuna Más, para potenciar su impacto sobre la inserción laboral femenina, como hemos propuesto antes (Ver OAC Cuna Más).
- Las víctimas deben contar con una oferta oportuna y adecuada de servicios de atención a la emergencia:
- Promover la construcción e implementación de más Hogares de Refugio Temporal a través del esquema de Obras por Impuestos: Actualmente, una mujer que ha denunciado un caso de violencia puede acudir a los hogares de refugio temporal, donde reciben servicios psicológicos, de salud y cuidado infantil, además de albergue y alimentación. Hoy en día existen solo 43 de estos hogares a nivel nacional, 23 a cargo del MIMP y otros 10 implementados de manera independiente por la Iglesia Católica y la sociedad civil. Además, un estudio de la Defensoría del Pueblo encontró que el 53% de estos centros carecen de infraestructura necesaria para garantizar el acceso de mujeres con discapacidad, uno de los grupos más vulnerables a sufrir violencia. Resaltamos la importancia de expandir la oferta de este tipo de centros, para asegurar que las víctimas cuenten con un lugar seguro al que acudir cuando denuncien casos de violencia y no puedan regresar a sus hogares por miedo a represalias o riesgo de vida. Proponemos impulsar la participación del sector privado a través de Obras por Impuestos para financiar de manera rápida la construcción e implementación de nuevos centros, priorizando las regiones con mayor incidencia de violencia, como Loreto, Apurímac y Huánuco, que registran los mayores porcentajes de mujeres que han sufrido violencia física en los últimos 12 meses.
*Agradecemos los aportes de Silvia Arispe, exdirectora del Programa AURORA, Zoila Llempén, exdirectora General de Presupuesto, e Inés Martens, Oficial Nacional de Monitoreo y Evaluación del Proyecto Abriendo Puertas de la OIT.
