Perú aún sufre una fuerte crisis laboral.
El mercado laboral en el Perú muestra una recuperación que nos acerca a niveles de empleo formal prepandemia, pero aún insuficiente para absorber las 250 mil personas que anualmente ingresan a la fuerza laboral. Ello se ha traducido en una precarización del empleo, con un aumento de la informalidad, y en una presión a la baja de los salarios reales (salarios ajustados por inflación), que han retrocedido a mínimos de los últimos 10 años. Así, la mayoría de los trabajadores se han reincorporado al mercado laboral en empleos de menor calidad, con menores beneficios y salarios más bajos.
Para resolver el problema de falta de empleo adecuado y caída de los ingresos se requiere de un robusto crecimiento del empleo formal, con políticas que mejoren la productividad de los trabajadores por un lado, tales como regímenes laborales más flexibles, inclusión financiera y reforma universitaria, y por el otro, acciones que permitan elevar las perspectivas de mediano plazo de los inversionistas, lo que pasa por destrabar grandes proyectos de infraestructura pública, dar un marco de confianza sobre la estabilidad de las reglas de juego y archivar el proyecto de elaborar una nueva Constitución. El aumento del salario mínimo iría justo en sentido contrario y dificultaría la creación de empleos formales, acentuando la tendencia actual de precarización del mercado laboral.
– El empleo se ha precarizado y los ingresos están todavía por debajo de los niveles prepandemia. En el sector formal se observa una lenta e insuficiente recuperación del empleo en tanto que el salario promedio real –descontada la inflación– se mantiene por debajo de los niveles del 2019. En el sector informal el empleo está casi en el nivel prepandemia, pero el salario promedio real es aún menor en 18%. Esta situación junto con el incremento de precios (inflación) del último año implica un retroceso preocupante de la capacidad adquisitiva de las familias.
– La flexibilidad del régimen laboral en la agricultura ha impulsado la creación del empleo en el sector y ha compensado otros sectores aún rezagados. La Libertad, Ica, Piura y Lambayeque han tenido un mayor crecimiento del empleo vinculado al crecimiento de la agricultura moderna, cuyo régimen laboral es más flexible. Mientras que el empleo en los sectores más rezagados (por ejemplo en servicios, particularmente hoteles y restaurantes) ha afectado el empleo en Arequipa, Lima, Callao y Cusco. En Lima, en particular, a diciembre de 2021 muestra que número de empleos adecuados todavía está 20% por debajo del 2019.
– La evidencia histórica muestra que la recuperación del empleo formal se sustenta en un mayor crecimiento económico. Durante las dos últimas décadas se ha visto una fuerte relación entre el crecimiento económico y el empleo formal privado. Sin embargo, esta relación parece haberse quebrado en el 2021, probablemente como consecuencia de la incertidumbre que genera la política de restricciones sanitarias para enfrentar la pandemia, como las acciones del gobierno que incrementan la desconfianza en consumidores e inversionistas.
– Se necesita que el PBI crezca 3% o más para absorber el ingreso de nuevos trabajadores al mercado laboral. Se estima que por cada punto de crecimiento del PBI se genera medio punto de crecimiento del empleo, por lo que un incremento de 3% es el mínimo que se requiere para absorber la nueva fuerza laboral, que aumenta a un promedio de 1,5% anual. El crecimiento debe ser aún mayor, pues además de los nuevos ingresantes a la fuerza laboral, hay 500 mil personas que habrían ingresado durante los dos años de pandemia que no tienen un empleo adecuado.
– El aumento del salario mínimo no va a solucionar el problema de la falta de empleo formal ni de ingresos. Por el contrario, en un contexto como el actual, se desincentivaría la contratación de trabajadores menos calificados, pues incrementa los costos en un contexto de elevada incertidumbre y perspectivas económicas mediocres. Esto finalmente generaría un aumento adicional de la informalidad y, por tanto, de la precarización del empleo (sin protección social y con salarios más bajos). Esto afectaría principalmente a los sectores de servicios que todavía están rezagados y que son intensivos en mano de obra, con predominio de las micro y pequeñas empresas, y donde hay mayor demanda de empleo juvenil (más información aquí).
– El 46% opina que la prioridad del Gobierno debería ser la generación de empleo y la reactivación económica, mientras que sólo el 8% considera que se debe priorizar una Asamblea Constituyente, según una encuesta de Ipsos de enero de este año. El aumento del empleo formal y los ingresos solo se logrará si el gobierno toma las acciones necesarias para generar confianza en las empresas más productivas para invertir y contratar, mejora significativamente la gestión pública, destraba proyectos de inversión y enfrenta la pandemia con medidas que generen certidumbre sobre el futuro. Insistir en la Asamblea Constituyente, que implica la revisión total de las reglas de juego, es el peor enemigo de la recuperación del empleo formal y, por tanto, de los ingresos de las familias.
