Artículo en El Comercio.
En el marco de un nuevo intento del Gobierno por poner sobre la mesa un cambio constitucional, compartimos este artículo de José Carlos Saavedra, socio y economista principal de APOYO Consultoría.
El presidente Pedro Castillo, en sus siete meses en el cargo, es el mandatario que más ha mencionado la palabra ‘pueblo’ en sus declaraciones públicas, en comparación con sus antecesores más recientes. De acuerdo con el análisis realizado por El Comercio, Castillo habría apelado “al pueblo” más de 300 veces durante su mandato, 250 veces más que el siguiente expresidente Ollanta Humala. Y en más de una ocasión ha señalado que “le consultará al pueblo” antes de tomar decisiones importantes en su gobierno.
No obstante, a pesar de la reiterada mención a la voluntad popular, las prioridades, las acciones y las políticas de su gobierno parecen ir más bien en contra de las demandas de la población. De hecho, una reciente encuesta realizada en el ámbito nacional por Ipsos Perú evidencia de manera contundente que la propuesta para convocar una asamblea constituyente –política fuertemente respaldada por el mandatario– está muy alejada de los principales pedidos del pueblo. Por el contrario, la demanda popular está enfocada principalmente en tres grandes aspectos: la lucha contra la delincuencia, la reactivación económica y la generación de empleo, así como la lucha contra la corrupción.
La primera exigencia, la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, es respaldada por más de la mitad de la población. No es para menos. El nivel de inseguridad ha empeorado de manera alarmante en los últimos años. Evidencia de ello es que el porcentaje de la población en el ámbito nacional que ha sido víctima de un delito cometido con arma de fuego alcanzó el 14% en el 2021, muy por encima de los niveles del 2018 (10%) o 2015 (8%). Más aún, el número de denuncias de autos robados creció 34% entre el tercer trimestre del 2020 y el tercer trimestre 2021, mientras que los casos de trata de personas se incrementaron en 78%, y los de violencia sexual en 30%, crímenes que afectan principalmente a mujeres jóvenes menores de edad (INEI, 2021). Aun así, en lugar de estar enfocado en solucionar esta crisis de inseguridad, tenemos a un Ministerio del Interior también en crisis y observamos indicios que comprometen al gobierno en el debilitamiento de los órganos de inteligencia policial y en la injerencia en el proceso de ascensos policiales.
La segunda gran demanda es la creación de puestos de trabajo y la reactivación económica. Si bien el PBI ya ha recuperado sus niveles prepandemia, esta mejora no ha venido acompañada por la creación de empleo de calidad. Por el contrario, los empleos que se han generado en los últimos dos años han sido empleos precarios, de baja productividad y bajos salarios. Por ello, los ingresos promedio de los trabajadores urbanos han caído cerca de 17%, en términos reales, y el número de empleos adecuados ha caído 15%, ambos en comparación con los niveles previos a la pandemia (INEI, 2021).
Frente a esta situación, el gobierno ha decidido dar la espalda a los millones de trabajadores que sufren la precariedad de un empleo informal. El Ejecutivo se ha enfocado en la entrega temporal de bonos a las familias, la implementación de subsidios y el anuncio de medidas que harán más rígida la regulación laboral, pero no a generar las condiciones que incentiven a las empresas a contratar formalmente.
Todo lo contrario, la incertidumbre generada por el gobierno y el deterioro regulatorio (que también proviene del Congreso) son las principales limitaciones al crecimiento de la inversión privada, que es la única fuente sostenible de creación de empleo formal.
Resultados de la encuesta Ipsos y situación del mercado laboral. (Fuente: Ipsos/INEI – Infografía: Raúl Rodríguez)
Como resultado, las familias peruanas están sufriendo un deterioro en su capacidad de consumo. Según una encuesta que Apoyo Consultoría encargó a Ipsos, el 65% de la población considera que sus ingresos son más inestables o precarios que antes de la pandemia y más de 40% ha tenido reducir su consumo debido al alza de precios (Ipsos, enero 2022).
El tercer pedido más mencionado es la lucha contra la corrupción. Sin embargo, los indicios de corrupción son generalizados y por eso un 54% de la población percibe que esta ha aumentado durante este gobierno (Ipsos, octubre 2021). La población efectivamente exige cambios radicales, pero no en la Constitución, sino en la gestión pública. Hacia una que garantice buenos servicios públicos, que fomente la creación de empleo de calidad y que esté libre de corrupción. En contraste, tenemos una evidente degradación de diversas entidades del Estado –que ya empieza a mostrar su impacto negativo en el día a día de la población– y un gobierno que ignora las verdaderas y muy legítimas demandas ciudadanas.
Por eso, es razonable que 69% de la población desapruebe la gestión del presidente Castillo, que 65% crea que debe renunciar y que 53% señale que está o podría estar a favor de su vacancia (Ipsos, 2022). Por esa misma razón, también es razonable esperar que la salida de esta crisis (la que sea) no será completa ni sostenible si estas demandas continúan siendo ignoradas.
