Más impuestos a la minería no solucionarán la deficiencia de los servicios públicos.
El mes pasado, el presidente Pedro Castillo anunció que crearía un impuesto a la sobreganancia minera para poder financiar las obras y servicios públicos que la población necesita. Sin embargo, hoy el problema principal que impide que las brechas en el acceso a servicios se cierren no es la escasez de recursos, sino la deficiente capacidad de gestión en todos los niveles de gobierno. En lo que va del año solo se ha ejecutado el 25% del presupuesto para inversión, un avance muy por debajo del promedio histórico. Así, la mala gestión impide que los beneficios de una mayor recaudación minera se reflejen en mayores y mejores servicios públicos para la población.
Más aún, cambios que incrementen la carga tributaria minera le restarán competitividad a este sector, importante motor de crecimiento para la actividad económica, el empleo y la recaudación. De hecho, en el 2021, el sector minero explicó más del 60% de las exportaciones totales, cerca de la mitad de la recaudación de impuesto a la renta de empresas, y empleó a cerca de 230 mil personas de manera directa y más de 1,8 millones de manera indirecta.
El esquema tributario minero actual es considerado un esquema competitivo y progresivo por expertos internacionales y nacionales. Por un lado, es progresivo porque las mineras pagan una mayor tasa cuando su rentabilidad es mayor. Así, el esquema tributario minero vigente ya impone una carga tributaria más alta cuando las ganancias aumentan por el incremento del precio de los minerales; es decir, ya grava las sobreganancias. Estos son los impuestos específicos a la minera –adicionales a los tributos generales, como el impuesto a la renta o a los dividendos–, los cuales tienen tasas crecientes en función del margen operativo: la regalía minera y el impuesto especial a la minería (equivalente al gravamen minero para las empresas con contratos de estabilidad tributaria).
Por otro lado, el esquema tributario es competitivo pues la carga total de la minería se encuentra entre 45%-50% de la utilidad gravable, nivel considerado como óptimo según expertos internacionales, e incluso mayor que el de otros países de la región como Chile. Este esquema competitivo ha permitido atraer inversiones de gran envergadura como Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde y, recientemente, Quellaveco, que han significado más de US$5 000 millones de inversión cada uno y han explicado una parte importante del crecimiento de la actividad económica y la recaudación del Estado en los últimos años.
Mantener la competitividad tributaria del sector es clave para que el Perú siga siendo atractivo para las inversiones mineras. Sobre todo en un contexto en el que la actividad minera enfrenta una acentuada conflictividad social, así como una excesiva regulación ambiental y laboral. En particular, los paros mineros no tuvieron un tratamiento oportuno por parte del Gobierno y esto ha desencadenado una ola de conflictos sociales no vista antes. Si a esta incertidumbre política y social, que eleva el riesgo de la inversión, se le añade una mayor carga tributaria, se pone en riesgo una importante fuente de recaudación futura del Gobierno.
– La carga tributaria de Perú es una de las más altas respecto a los países con los que compite. Para minas con márgenes operativos entre 20% y 60%, el Perú tiene una carga tributaria de aproximadamente 47% de la utilidad gravable. Mientras tanto, países mineros con similares características tienen cargas a la minería menores: Australia (44%), Chile (42%) y Canadá-Ontario (36%).
– El esquema tributario minero peruano ya grava las sobreganancias. La regalía minera y el impuesto especial a minería tienen tasas impositivas crecientes respecto al margen operativo, que van desde 1% hasta 12% del margen operativo. Así, cuando los precios de los metales suben, la carga tributaria para la empresa es mayor y el Gobierno recauda más.
– Una carga tributaria por encima de 50% de las utilidades desalentaría nuevos proyectos de inversión. De acuerdo con expertos internacionales, una carga tributaria entre 40% y 50% de la utilidad gravable es óptima para la minería metálica, lo que quiere decir que cargas tributarias mayores generarían una menor recaudación pues desalentarían la producción (James Otto, “Comparative Evaluation of mining taxation in Peru”, 22/09/2021).
– En el 2021 las empresas mineras pagaron S/14 mil millones en impuestos, alrededor de S/10 mil millones más que el promedio anual de los últimos cinco años. Los ingresos que aporta la minería representan el 44% de la recaudación de impuesto a la renta de las empresas, mucho más que el peso que tiene esta actividad en el PBI (8,5%). Estos mayores impuestos son resultado del esquema tributario minero que se basa en impuestos con tasas crecientes. Así, cuando el precio sube, como en 2021, el impuesto que se paga crece más de lo que aumenta el precio, capturando de algún modo la mayor ganancia que se obtiene con este precio.
– Los conflictos sociales de Las Bambas y Cuajone le han costado al país US$700 millones menos de producción y de exportaciones y alrededor de S/600 millones en menor recaudación del Gobierno. Esta menor recaudación de impuesto a la renta afecta no solo al gobierno nacional, sino también a los gobiernos regionales y locales de las zonas de influencia que recibirán menos canon para poder desarrollar su infraestructura. Si el gobierno hubiera cumplido su labor de mantener el orden interno hubiese podido evitar esta pérdida de recaudación.
– Las empresas mineras destinan más del 75% de sus utilidades en pago de impuestos, participación de los trabajadores y actividades de reinversión. El 47% de las utilidades se destina a pago de impuestos y a la participación de los trabajadores, el 30% se usa usan para invertir en nuevos proyectos; así, solo el 23% de las utilidades es repartido como dividendos.
– Hay en cartera inversión minera equivalente a cerca de US$55 mil millones en nuevos proyectos y ampliaciones que se ponen en riesgo si se eleva la carga tributaria. Entre los principales proyectos destacan Yanacocha Sulfuros (US$2 500 millones), Los Chancas (US$2 500 millones), Michiquillay (US$2 500 millones), Zafranal (US$1 300 millones), Trapiche (US$1 000 millones) y Magistral (US$500 millones). Estos implican US$7 mil millones más de exportaciones anuales, más de S/5 mil millones de recaudación adicional anual y casi 200 mil empleos directos e indirectos, que van a generar más beneficios para la población en comparación a aumentarle impuestos a la producción minera en marcha.
