Artículo en El Comercio.
APOYO Consultoría realizó un sondeo a casi 300 empresas entre el 22 y el 30 de agosto para conocer sus proyecciones ante el inicio de la vigencia de las restricciones a la contratación de personal tercerizado en áreas nucleares de los negocios. El 66% indicó que tiene trabajadores que “entran en conflicto” con la norma aprobada y el 35% señaló que no contrataría a nadie en reemplazo de estos empleados.
Para José Carlos Saavedra, socio y economista principal de APOYO Consultoría, detalla los resultados del sondeo y advierte que 90.000 personas podrían perder su trabajo debido al Decreto Supremo N°001-2022-TR.
—¿Cuáles son los principales hallazgos encontrados en la encuesta?
Lo que hemos encontrado es que la mayoría de las empresas que generan empleo formal en el país utilizan el esquema de tercerización de trabajadores. Cerca del 80% de empresas declaró contar con trabajadores tercerizados. El segundo hallazgo es que, en la mayoría de las empresas que tercerizan, la intensidad en el uso de los esquemas de tercerización es relativamente baja, ya que los trabajadores tercerizados explican menos del 10% del total de trabajadores dentro de la empresa. Sin embargo, sí hay un grupo de empresas, una de cada cinco aproximadamente, donde los tercerizados explican más del 30% de los trabajadores.
—¿Y cómo el Decreto Supremo que restringe la tercerización en áreas nucleares del negocio afecta a estas empresas?
El Decreto Supremo afecta a la mayoría de las empresas, pero el porcentaje de posiciones tercerizadas en cada una que entra en potencial conflicto con dicho decreto supremo es bajo. Un 18% de empresas no terceriza, un 16% de empresas terceriza pero no tiene ninguna posición que se vea afectada por el DS y un 35% de empresas terceriza, pero menos de 10% de sus posiciones tercerizadas entra en conflicto con la nueva normativa.
Dicho eso, el Decreto Supremo afectará tanto a las empresas como a los trabajadores. Por un lado, el 75% de empresas señaló que la normativa tendrá un impacto negativo, principalmente a través de una pérdida de eficiencia en sus procesos productivos o a través del incremento de costos. Por otro lado, la mayoría de las empresas no planea contratar a los trabajadores tercerizados que ahora entran en conflicto con la nueva normativa del Ministerio de Trabajo. Así, utilizando los resultados de la encuesta, conservadoramente estimamos que en el país hay más de 530.000 trabajadores tercerizados y que más de 90.000 podrían perder su trabajo. Pero el impacto de largo plazo total podría ser mayor, por el daño que generará la norma sobre la productividad, la capacidad de crecer y generar empleo de las empresas.
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Resultados del sondeo de APOYO Consultoría sobre las restricciones a la tercerización. (Fuente: APOYO Consultoría)
—El 43% de empresas encuestadas señaló que menos del 10% del total de sus trabajadores están tercerizados. Si tomamos en cuenta que las restricciones a la contratación de este tipo de personal solo aplican a negocios formales, aproximadamente el 20% del total, ¿por qué los efectos del Decreto Supremo serían nocivos para las empresas?
La mayoría del empleo formal del país es creado por un reducido número de empresas formales grandes. En el país solo hay 4.000 empresas con más de 100 trabajadores y estas explican más de la mitad de todo el empleo formal privado del país. Si solo consideramos este grupo de empresas, más del 85% afirma que contrata servicios tercerizados y de ellas, más de la mitad tienen trabajadores tercerizados en actividades que podrían ser consideradas como parte del núcleo del negocio. Esto implica que cerca de la mitad de empresas grandes va a tener que realizar cambios organizacionales para adaptarse a la nueva normativa, los cuales podrían implicar perdidas de productivida
—El 35% de empresas consultadas indicó que no contratará a nadie para cubrir los espacios que dejarán los trabajadores que ya no pueden tercerizar, ¿detallaron si es por un motivo económico o si decidieron adaptar su operación a la nueva normativa?
Las empresas han afirmado que uno de los principales impactos de la norma es que genera mayores costos laborales, lo cual definitivamente desincentiva las decisiones de contratación. Esto además ocurre en un entorno que no es el más propicio, debido al deterioro de las expectativas de crecimiento económico y el incremento generalizado de costos de producción, como el petróleo, otros insumos y hasta costos de financiamiento.
—¿Cuál es el riesgo de que el 27% de empresas considere que la norma traerá pérdidas en la eficiencia del proceso productivo?
Algunos estudios internacionales demuestran que la tercerización cumple un rol fundamental en la dinámica empresarial, pues permite incrementar la productividad y la eficiencia de los procesos. Este mayor valor agregado de la empresa se traduce en un mayor pago de impuestos, así como una mayor repartición de utilidades y mejores remuneraciones para los trabajadores. Por lo tanto, el hecho de que una de cada cuatro empresas afirme que tendría pérdidas de eficiencia, implicaría un impacto negativo directo sobre los ingresos de miles de trabajadores.
—¿Cuántas o qué porcentaje de las empresas solicitaron medidas legales ante Indecopi y el Poder Judicial?
Según la encuesta realizada por APOYO Consultoría cerca de 30% de empresas ha realizado alguna denuncia o demanda frente la restricción impuesta a las tercerizaciones.
