Más de 8 millones de alumnos regresan a clases en un sistema educativo en crisis

Este mes, más de ocho millones de alumnos peruanos regresaron a clases. Sin embargo, la mayoría regresó a un sistema educativo deficiente que limita su capacidad de estudiar y aprender todos los días. Los malos resultados de pruebas de aprendizaje en el Perú son evidencia de ello. Según la última evaluación PISA, el rendimiento académico de los estudiantes peruanos en matemática ubica al país en el puesto 59 de 81 países a nivel mundial. Más aún, la última evaluación censal a estudiantes, realizada por el MINEDU en el 2023, muestra que el porcentaje de alumnos que obtuvo un puntaje satisfactorio en matemática se redujo de 31% a 23% en los últimos cinco años.

Este retroceso es resultado de factores tanto estructurales como coyunturales que afectan la calidad de nuestros servicios educativos. Por un lado, el mal estado de la infraestructura de los colegios impide que los alumnos cuenten con un espacio seguro y adecuado para aprender. De acuerdo con el Minedu, la mitad de los colegios en nuestro país se encuentra en riesgo de colapso y necesita ser reemplazado por completo. Estos albergan cerca del 20% del total de alumnos en el sistema educativo. Además, menos del 40% de los colegios cuentan con servicios de electricidad, agua y desagüe y menos del 50% de las escuelas primarias tienen acceso a internet.

Por otro lado, la calidad de la enseñanza se ve afectada por la aprobación de normas que favorecen a profesores que no cumplen con requisitos para garantizar un buen desempeño. En abril del 2024, el Congreso aprobó la reincorporación de más de 14 mil docentes que habían sido cesados en el 2014 por no cumplir con los requisitos de la Ley de Reforma Magisterial como, por ejemplo, aprobar la evaluación docente o contar con título pedagógico. Además, se aprobó el nombramiento automático de docentes contratados con más de tres años de experiencia, sin necesidad de que rindan y aprueben una evaluación de conocimientos. Si bien esta última norma fue observada por el Poder Ejecutivo, actualmente se encuentra en comisión para ser debatida nuevamente. De aprobarse, cerca de 130 mil docentes podrían ser nombrados sin haber aprobado estos filtros de calidad.

A pesar de las grandes brechas en infraestructura y servicios básicos en las escuelas, el presupuesto para inversión educativa ha crecido solo 4% en términos reales en la última década, mientras que el presupuesto para remuneraciones ha aumentado más de 60%, sin que esto se traduzca en mejoras en la calidad de la enseñanza.

En los últimos meses, además, la coyuntura de delincuencia y extorsión por la que atraviesa nuestro país ha comenzado a afectar a las escuelas. Según la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (ANACOPRI), más de 450 colegios privados han sido extorsionados en lo que va del año, suma que ya supera lo reportado durante todo el 2024. Frente a las amenazas, muchos colegios han optado por aplazar el inicio de clases o iniciar las clases escolares de manera virtual, lo que afecta negativamente el aprendizaje, como ya se evidenció durante la pandemia. Una encuesta realizada a padres de familia reveló que casi la mitad consideraba que el nivel de aprendizaje de sus hijos había empeorado a raíz de la educación a distancia (63% en NSE más bajos). La falta de equipamiento necesario para la educación a distancia hace también evidente que esta no es una solución viable para muchos alumnos en nuestro país. De hecho, más del 60% de hogares no cuenta con una computadora, 90% en zonas rurales, según la Encuesta Nacional de Hogares del INEI.

En este contexto, desde APOYO Consultoría proponemos medidas para mejorar la calidad de la educación en nuestro país a través de mejoras en la infraestructura educativa pública, el respeto de la meritocracia en el nombramiento de docentes y la priorización de la seguridad y prevención de delitos en colegios:

1. Ampliar el alcance del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) Escuelas del Bicentenario. Proponemos aprovechar el acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con Reino Unido para acelerar inversiones urgentes en infraestructura educativa. La asistencia técnica especializada y el apoyo en ejecución y gestión del Reino Unido a la unidad ejecutora del PEIP Escuelas del Bicentenario, adscrita al Minedu, han permitido que esta logre una ejecución récord del 99% de su presupuesto en los últimos dos años, con casi S/ 2,400 millones invertidos anualmente. En contraste, a pesar de que casi la mitad de las escuelas del país están en riesgo de colapso, la ejecución en infraestructura educativa básica por parte de otras unidades ejecutoras (Gobiernos Regionales y Locales) ha sido baja en la última década (71% en promedio). Esto ha provocado que se dejen de ejecutar alrededor de S/2,000 millones al año. En este contexto, proponemos que se otorgue al Minedu, a través de una ley, la responsabilidad de definir las unidades ejecutoras para los colegios en riesgo, aplicando un criterio basado en la capacidad de ejecución. Así, aquellas entidades que no alcancen el umbral de ejecución necesario no serían responsables de los colegios, que pasarían a ser gestionados por Escuelas del Bicentenario.

2. Garantizar el mantenimiento de infraestructura y conexión a servicios básicos de los colegios a través de Asociaciones Público-Privadas (APP). En paralelo a la construcción de colegios a través del acuerdo G2G, proponemos firmar contratos de APP para asegurar el mantenimiento a largo plazo de la infraestructura y la conexión a servicios esenciales como agua, desagüe, internet, electricidad, entre otros. Para hacer la inversión más atractiva para los postores privados, se podrían agrupar colegios por zonas o distritos en paquetes. A largo plazo, este modelo de colaboración público-privada debería priorizarse tanto para el mantenimiento como para la construcción de nuevos colegios, ya que permite financiar el proyecto con recursos privados, lo que reduce la carga fiscal.

3. Implementar un programa de capacitación y rediseñar el proceso de evaluación docente para promover la meritocracia en la contratación y nombramiento de profesores. Las normas aprobadas por el Congreso que nombran docentes sin exigir un filtro de desempeño atentan contra el principio de mérito y capacidad docente establecido en la Ley Magisterial y ponen en riesgo la calidad de la educación que reciben los alumnos. Es fundamental que se dejen de promover este tipo de iniciativas en el Congreso o, de ser necesario, sean observadas y bloqueadas por el Poder Ejecutivo hacia delante. Además, es importante garantizar que los filtros de calidad docente sean adecuados y se encuentren actualizados. En ese sentido, proponemos implementar un programa nacional de capacitación continua y acompañamiento que priorice el desarrollo de habilidades didácticas y conocimiento pedagógico, basado en evidencia. Este programa debe ser obligatorio para docentes en las primeras escalas de la Carrera Pública Magisterial y opcional para aquellos en niveles superiores, con incentivos por desempeño. Además, se debe rediseñar la Prueba Única Nacional (PUN) y la evaluación de ascenso contempladas en la Ley Magisterial, para alinearlas a las competencias realmente necesarias en el aula. Se propone incluir evaluaciones prácticas, donde los docentes demuestren sus habilidades en el aula, como un segundo filtro para aquellos que aprueben la evaluación de conocimientos.

4. Fortalecer las acciones contra la extorsión en el contexto escolar. El Gobierno ha anunciado un Plan Escolar Seguro 2025, que contiene medidas como el despliegue de más de 3,000 policías para resguardar la entrada y salida de alumnos en colegios, patrullaje preventivo y la presencia permanente de policías y serenazgos en zonas de riesgo identificadas. Este tipo de medidas implican un alto costo de movilización de recursos para la policía y es poco probable que sean sostenibles en el tiempo. Además, no abordan el problema específico de la extorsión, que requiere intervenciones especializadas enfocadas en desmantelar las organizaciones criminales responsables de las amenazas. Por ello, es necesario implementar acciones dirigidas a combatir la extorsión, como mejorar el manejo de los penales –desde donde suelen hacer coordinaciones las bandas criminales– a través de la tercerización del control de los penales, requisas frecuentes y bloqueos de llamadas. También se puede colaborar con el sector privado, como bancos y operadoras telefónicas, para recabar información, crear listas negras de cuentas y números sospechosos, monitorear transacciones y establecer un sistema de alerta para reportar llamadas o cuentas vinculadas a actividades ilícitas.