Según el informe más reciente del INEI, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 25,9% en el 2021 a 27,5% en el 2022. Así, hoy tenemos 628 mil personas más en situación de pobreza que en el 2021 y alrededor de 2,7 millones más que en el 2019. El incremento del último año es alarmante, pues es el aumento más importante de los últimos 19 años, sin contar la pandemia (2020).
Este incremento de la pobreza no ha sido homogéneo en todo el país. Todo el aumento de la pobreza post pandemia se ha dado en zonas urbanas. Lima, específicamente, ha visto un aumento de 13 p.p. de la población en situación de pobreza después de la pandemia, lo que resalta la concentración de la pobreza en la zona urbana.
Durante 2022, el aumento en la pobreza se debió a que familias anteriormente en situación de vulnerabilidad cayeron en la pobreza. Este grupo, conformado por hogares de bajos ingresos y sin adecuada protección social, exhibe varias características socioeconómicas preocupantes. Cerca del 95% no logra ahorrar y el 73% señala que apenas puede equilibrar sus gastos e ingresos. Además, el 85% trabaja en el sector informal, a menudo desprovistos de protecciones laborales esenciales y expuestos a situaciones de inseguridad. Apenas el 19% ha alcanzado el nivel de educación superior, restringiendo sus opciones para acceder a empleos de mayor calidad. Este grupo vulnerable también se enfrenta al desafío de la falta de redes de seguridad social. En el papel el 86% tiene seguro de salud, pero solo el 26% lo utiliza. Estas condiciones exponen a este grupo a un riesgo crítico de caer en la pobreza durante periodos de aumento en el costo de vida, en situaciones de un mercado laboral desfavorable o durante tiempos de inestabilidad política y conflictos.
Dentro de este marco, el agravamiento de la pobreza durante el último año se puede atribuir a tres factores críticos: el incremento de la inflación, una gestión gubernamental deficiente, y como resultado de los anteriores, la desaceleración de la economía y del empleo.
La alta inflación, particularmente de alimentos, ha afectado de manera desproporcional a los más pobres, lo cual además incrementó la desigualdad. El aumento de los ingresos de este segmento de la población fue insuficiente para compensar el incremento de precios. Por ello, durante el 2022, menos personas pudieron costear una canasta básica. En este sentido, los más perjudicados fueron los que residen en las zonas urbanas, quienes son consumidores de alimentos, pero no los producen. Además, la inflación tiene un impacto negativo adicional sobre la desigualdad. Esto, en parte, debido a la importancia que los alimentos tienen dentro de la canasta básica de los hogares con menores ingresos. Los ingresos y gastos, ajustados por inflación, han aumentado ligeramente en los deciles de mayores ingresos y han disminuido en los deciles más bajos. Así, no solo ha aumentado el número de personas en situación de pobreza, sino que aquellos que ya se encontraban en dicha situación, ahora enfrentan mayores obstáculos para superarla.
Por su parte, la respuesta del Gobierno ha demostrado ser insuficiente e inadecuada para implementar medidas de protección efectivas que contrarresten este incremento en la inflación. Tal como lo sugerimos en el artículo de Opinión AC de marzo del año pasado (ver aquí), se debieron priorizar estrategias que contrarrestaran el golpe temporal en los precios de los combustibles y medidas de protección social como la entrega de bonos focalizados y el fortalecimiento del presupuesto de programas sociales de alimentación como Qali Warma. Desafortunadamente, esto no ocurrió. Las medidas implementadas en abril del 2022, tales como la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los principales alimentos de la canasta básica familiar y la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), tuvieron escaso impacto en la mitigación de los efectos de la inflación. Recién en julio de ese mismo año se anunció el bono alimentario, pero se empezó a entregar en noviembre. Este retraso significativo, en comparación con la entrega de bonos anteriores, dejó en evidencia la deficiente gestión del Gobierno.
Asimismo, la gestión del Gobierno también ha generado un ambiente de elevada incertidumbre, que ha obstaculizado la recuperación del mercado laboral y limitado el crecimiento económico. Este clima se debe a acciones como la propuesta de una asamblea constituyente, la sobrerregulación laboral –evidenciada en incrementos de salarios mínimos y restricciones a la tercerización–, y la erosión de la institucionalidad por la modificación de reglamentos laborales sin el debido proceso de diálogo tripartito en el Consejo Nacional del Trabajo. La nominación de ministros y personal de confianza con antecedentes cuestionables, junto a la mala gestión de conflictos, como el caso de Las Bambas, y la rotación en la oficina de conflictividad de la PCM, han exacerbado aún más la situación.
Estas condiciones contribuyeron a un limitado crecimiento económico de tan solo el 2.7% en 2022, desalentando la inversión privada y restringiendo la creación de empleos formales. Al cierre de 2022, aproximadamente el 96% de los empresarios afirmaban que no tenían planes de aumentar su inversión en Perú. Esta tendencia también se reflejó en el empleo, con un 90% de los empresarios que indicaban que no planeaban aumentar las contrataciones en los próximos 6 meses. Como resultado, este clima adverso se reflejó en un mercado laboral más desfavorable, con un menor crecimiento del empleo, salarios más bajos y empleos más precarios.
Para reducir la pobreza, en el corto plazo, el Gobierno necesita priorizar: (i) la reducción de la inflación, evitando el excesivo incremento del gasto corriente, por ejemplo, (ii) la recuperación de la confianza empresarial y (iii) una adecuada preparación para responder a un probable Fenómeno El Niño, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable. En el próximo artículo de Opinión AC, profundizaremos en las medidas específicas que deben implementarse para retornar al proceso de reducción de la pobreza.
