Las medidas del Gobierno frente al incremento de costos no son apropiadas.
La incapacidad del Ejecutivo para resolver los problemas que enfrenta la economía nos pasa la factura nuevamente. Si bien el incremento generalizado de costos (petróleo, insumos alimenticios, fertilizantes) es un fenómeno global, la mala gestión del Gobierno exacerba su impacto negativo sobre la economía. Así, su incapacidad de reaccionar oportunamente, de lidiar con las protestas y de diseñar un paquete de medidas acorde con la situación ha agravado el costo económico de este problema sobre el Perú, en vez de reducirlo.
El incremento del costo de insumos se inició a finales de 2021, como consecuencia de la recuperación económica mundial y de los problemas en las cadenas de suministros. Durante los últimos días de febrero, este problema se exacerbó debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, las primeras medidas gubernamentales fueron anunciadas recién a finales de marzo. Para entonces, organizaciones de transportistas y agricultores ya habían convocado paros a nivel nacional como respuesta a esta pasividad, afectando el abastecimiento de alimentos y su consecuente incremento de precios.
Además de tardía, la reacción del Gobierno ante las protestas ha sido deficiente. Las desatinadas declaraciones de sus representantes y del mismo presidente Pedro Castillo exacerbaron las protestas. Por su parte, el toque de queda decretado para el martes 5 de abril en Lima y Callao – probablemente una de las peores medidas de política pública de las últimas décadas – habría reducido el PBI de abril cerca de 0,3 puntos porcentuales, afectando principalmente a los trabajadores de menores ingresos que viven del día a día.
Sin embargo, lo más grave es que el paquete de medidas que finalmente anunció el Gobierno para reducir el impacto negativo del incremento temporal de precios es deficiente. La exoneración de impuestos a los combustibles (ISC) y a productos alimenticios (IGV), así como el incremento del salario mínimo no son respuestas adecuadas ante el aumento de precios, pues son poco efectivas, no están focalizadas en atender a la población más vulnerable y son permanentes o difíciles de revertir. Existían mejores alternativas. De hecho, en el “Opinión APOYO Consultoría” de marzo (ver aquí) sugerimos un grupo de cuatro medidas que responden de manera oportuna, transitoria y focalizada al choque de precios que enfrenta la economía.
– La exoneración del ISC al diésel y gasolina de 84 y 90 octanos no es la medida más adecuada ante la volatilidad del precio del petróleo y tendrá un costo de S/325 millones mensuales, que podría volverse permanente. El precio del petróleo ha subido persistentemente este año, aunque con una alta volatilidad, desde US$ 80 el barril en diciembre hasta US$ 124 el barril a comienzos de marzo, cotizándose recientemente por debajo de los US$ 100. Ante este escenario, la medida más costo efectiva es utilizar el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, pues evita que el aumento de precios se traslade a la economía, con un costo fiscal que fluctuará en función de la variabilidad del precio y que desaparecerá cuando el precio se regularice, lo que reduce sus efectos en la recaudación en el mediano plazo. Por el contrario, la exoneración del ISC a los combustibles será políticamente muy difícil de revertir, lo que generará menor recaudación de manera permanente, beneficiará en mayor medida a las familias y empresas que consumen más, y terminará incentivando el consumo de combustibles que generan mayores emisiones de carbono.
– La exoneración del IGV para algunos alimentos como el pollo, huevos, azúcar, fideos y pan no sólo tiene un efecto incierto sobre los precios y no tiene ningún criterio de focalización sobre la población más vulnerable, sino que reducirá la recaudación, podría hacerse permanente, genera un pésimo precedente de política tributaria y hace más engorrosa la administración tributaria. La medida aprobada presenta los siguientes problemas:
1. El impacto sobre los precios es incierto. Es muy probable que la reducción del IGV se pierda en la cadena de comercialización de estos productos, por lo que el impacto en el precio al consumidor no será el que espera la población. Es más, dado el rápido aumento de precios que se ha observado en los insumos alimenticios, es probable que las empresas productoras hayan reducido márgenes, por lo que esta medida les permitiría recuperar ganancias sin reducir precios sustancialmente. Peor aún, esta medida no beneficia a aquellas familias que consumen en los comercios informales, que son justamente las más vulnerables, pues estos no pagan IGV actualmente. Es por ello que la entrega de un bono focalizado es la medida más efectiva para defender temporalmente el ingreso real de la población más vulnerable y permitir que adapten su canasta de consumo, sin afectar su bienestar.
2. Aun cuando se establecen plazos de vigencia de la exoneración, será muy difícil revertir la medida pues la población percibirá el riesgo de un posible aumento en precios de los productos exonerados. Se está enfrentando un choque temporal con medidas que tendrán un costo permanente, con lo cual se generará una menor recaudación y un mayor déficit fiscal en el mediano plazo.
3. Es equivalente a un subsidio generalizado sin ningún criterio de focalización. Se estima que la exoneración del IGV de los alimentos incluidos en el proyecto equivaldría a un subsidio mensual de S/30 para hogares de niveles socioeconómicos altos. En tanto, para hogares de niveles socioeconómicos bajos, el subsidio sería de apenas S/5 debido a que el consumo de los productos exonerados es menor y a que la cadena de comercialización de productos, como el pollo, es informal. Hubiese sido más eficiente otorgar un bono que compense el aumento del costo de la canasta de consumo a la población más vulnerable y no aprobar una lista de productos cuyo gasto es menor en hogares de pobres.
4. Se está perforando el régimen del IGV y sentando un muy mal precedente. Para que el régimen del IGV sea exitoso, es importante que tenga la menor cantidad de exoneraciones posible. En la medida en que el impuesto es sobre el valor agregado, si solo se exonera al producto final y no a los insumos, el IGV que se paga por estos no podría acreditarse y tendría que reflejarse como un mayor costo, por lo que los precios no se reducirían en 18%. Por el contrario, si se decide devolver el IGV pagado por los insumos, se hace más engorrosa la administración tributaria y se eleva la pérdida de recaudación y la posibilidad de evasión.
El aumento del salario mínimo en 10%, de S/930 a S/1025 mensuales, sin señalar criterio alguno que justifique el nivel escogido, ni ser debatido en el Consejo Nacional del Trabajo, refleja más bien una respuesta política populista que afecta sobre todo a las microempresas. El nuevo salario mínimo afectará en mayor medida a las micro y pequeñas empresas, para las cuales representa una valla muy alta para efectuar contrataciones formales, pues supera al salario promedio en este grupo de empresas. Ello se refleja en que Perú es uno de los países con mayor salario mínimo en relación con el ingreso promedio de los trabajadores, es decir, Perú impone costos económicos más altos para la formalidad laboral que otros países. El aumento del salario mínimo hará que sea aún menos probable que las micro y pequeñas empresas puedan crear empleos formales, con lo que se fomenta la informalidad laboral que llegó a 77% en 2021 producto de la pandemia. Nuevamente, la medida no está bien focalizada, pues perjudica justamente a la población más vulnerable perpetuándola en la precariedad laboral, y beneficia a muy pocos trabajadores (ver más información aquí).
