El proyecto de la Nueva Ley de Industrias propone otorgar múltiples incentivos fiscales a sectores específicos de la industria. Esta iniciativa abarca, entre sus principales medidas, la deducción del Impuesto a la Renta (IR) en ocho sectores para empresas que reinviertan por lo menos 20% de sus utilidades netas, la exoneración del IR e IGV para bienes de capital, insumos y materias primas para empresas ubicadas en zonas altoandinas y amazónicas que serían aprobadas por autoridades regionales, la creación de un fondo de desarrollo industrial con garantías crediticias y subsidios estatales, el trato diferenciado entre productor nacional y extranjero, además de otros beneficios para empresas relacionadas con la electromovilidad, la industria digital y las innovaciones tecnológicas.
En opinión de APOYO Consultoría aprobar esta ley sería perjudicial para la economía y el desarrollo industrial en nuestro país por cinco razones principales.
Primero, experiencias pasadas nos han enseñado que las exoneraciones tributarias generan ineficiencias y no incentivan la inversión. En la década de 1970 y 1980, beneficios tributarios similares favorecieron el crecimiento de industrias ineficientes, incapaces de competir en el exterior. Además, un estudio realizado por APOYO Consultoría revela que leyes parecidas en el pasado, como los beneficios para el sector agrícola o la Amazonía no han tenido un impacto positivo claro sobre los flujos de inversión, las ganancias de productividad o la mejora en la calidad de vida de la población en el sector o zona.
Segundo, estas medidas generan un entorno favorable para la corrupción. La propuesta carece de un sustento técnico sólido para la elección de los sectores beneficiados. La decisión de qué actividades favorecer recaería sobre congresistas y autoridades regionales. En el pasado, proyectos como este generaron un entorno favorable para la arbitrariedad y la corrupción de funcionarios públicos, e incentivaron a los empresarios a destinar gran parte de su tiempo a obtener beneficios tributarios, en lugar de mejorar la competitividad de sus empresas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, la mitad de la población considera que el principal problema del país es la corrupción. Además, el 79% de las personas no confía en su gobierno regional.
Tercero, la propuesta prioriza la industria nacional por encima de lo que es más eficiente para la sociedad. Otorgar un trato preferencial en las compras públicas a las empresas que utilizan materias primas o insumos nacionales podría generar tensiones comerciales y perjudicar nuestras exportaciones. Estas medidas van en contra de los tratados de libre comercio y de la Constitución, que establece que la inversión nacional y la extranjera deben estar sujetas a las mismas condiciones. Asimismo, favorecer el uso de insumos locales que pueden ser más costosos o de menor calidad haría menos eficiente el proceso productivo, aumentaría el costo de producción para la sociedad y podría afectar la calidad de los productos finales para los consumidores.
Cuarto, la implementación de beneficios tributarios para un grupo específico reduciría los recursos disponibles del Estado, en perjuicio de la mayoría de la población. Los ingresos fiscales en el Perú ya son bajos, en comparación con la región. Aprobar esta norma reduciría el espacio fiscal para gastar en medidas urgentes, como el cierre de brechas de infraestructura, educación y salud, la lucha contra la inseguridad ciudadana, la reactivación económica y la atención a la emergencia climática.
Quinto, pone en riesgo la sostenibilidad fiscal. La creación de un fondo estatal que garantice el crédito de empresas de ciertos sectores y otorgue subsidios está prohibida actualmente por la ley de endeudamiento. Esto implicaría una grave contingencia fiscal que atentaría contra la sostenibilidad de las finanzas públicas y podría poner en riesgo la calificación de la deuda soberana y aumentar los costos de financiamiento.
Desde APOYO Consultoría creemos que el Gobierno debería enfocar sus esfuerzos en aprobar medidas transversales que faciliten el crecimiento empresarial y equiparen el entorno competitivo. Esto contribuirá a generar un entorno propicio para el desarrollo industrial y la atracción de inversión privada. Una vez que se implementen esas medidas, se puede evaluar si hay sectores o industrias nacientes que enfrentan rigideces particulares y requieren de políticas públicas específicas.
Así, consideramos fundamental simplificar los regímenes tributarios, flexibilizar la regulación laboral y garantizar una infraestructura adecuada y seguridad para las operaciones de los negocios. En esa línea, proponemos:
- Simplificar los regímenes tributarios: La complejidad del marco tributario actual tiende a favorecer el enanismo empresarial para evitar una mayor carga impositiva. Simplificar los regímenes no solo facilitará el pago de impuestos, sino que también hará el entorno legal más atractivo para los inversionistas.Específicamente, proponemos eliminar el Régimen Especial de Renta (RER) y el Régimen Mype Tributario (RMT). En su lugar, proponemos un solo Régimen General Simplificado para empresas que facturen entre S/ 96 mil y S/ 1 millón, límite más alineado con regímenes especiales en la región. Este nuevo régimen aplicaría la tasa fija del Régimen General (29,5%) sobre la utilidad definida como ingresos menos egresos de caja. Se recomienda una tasa única y no creciente por tramos, como la que se aplica en el IR a personas, debido a que de esta manera se reducen los desincentivos al crecimiento empresarial y se simplifica la contabilidad que realicen las pequeñas empresas. Asimismo, en este nuevo régimen se permitiría llevar una contabilidad simplificada, solo de ingresos y egresos, y depreciar el 100% del gasto de capital, lo que reduce la carga fiscal durante los primeros años de funcionamiento e incentiva la inversión productiva. Debido a que esta reforma aumentaría la carga tributaria para un segmento de empresas, se propone que entre en vigencia a partir del 2025.
- Promover un mercado laboral más flexible y predecible: Fomentar la inversión requiere que las empresas tengan acceso a un mercado laboral más flexible y competitivo, a través de medidas que reduzcan los costos de la contratación formal.
- Aprobar una reforma constitucional para aclarar cuál es la protección ante el despido: Impulsar una reforma constitucional que establezca que la reparación ante un despido que no cumpla los requisitos legales es la indemnización monetaria y no la reposición. La reposición aplicaría solo para los casos de despidos nulos (por maternidad, antisindicales y discriminatorios en general). Ello incentivará la contratación a plazo indefinido, la capacitación de personal y, por tanto, una mayor productividad en general.
- Definir una metodología institucionalizada para evaluar y definir aumentos de la Remuneración Mínima Vital (RMV): Se debe establecer que cada dos años se evalúe si se realiza un ajuste a la RMV. Esta medida permitiría a empleadores tener predictibilidad para poder planificar los ajustes de presupuesto necesarios. Además, se debe establecer criterios que determinen cuándo debe proceder la actualización. Por ejemplo, solo se debería aumentar la RMV si la tasa de informalidad no ha aumentado y exclusivamente en aquellas regiones donde la relación entre el salario mínimo y el salario promedio sea menor al 50%. Para definir la magnitud del aumento se debe priorizar indicadores fáciles de medir, como el producto laboral promedio y la inflación, excluyendo componentes volátiles como alimentos y energía.
- Garantizar una infraestructura pública adecuada para las operaciones de las empresas: La inversión en infraestructura de transporte, como carreteras, puertos y aeropuertos, facilita la logística y el comercio, lo que es esencial para las operaciones empresariales. Consideramos que los esfuerzos del Gobierno deberían centrarse en el desarrollo y mejora de la infraestructura pública.
- Crear un Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) para acelerar la pavimentación de vías. El avance en la pavimentación de la Red Vial Departamental ha sido muy lento. Entre el 2015 y 2022 el porcentaje de vías pavimentadas ha aumentado solo de 13% a 17%. Proponemos establecer una norma legal que permita que aquellas funciones que los Gobiernos Regionales son incapaces de ejecutar eficientemente reviertan al Gobierno Nacional. Bajo esta regla, los gobiernos que no alcancen el umbral de ejecución perderían su capacidad de ser unidades ejecutoras. En el caso de la red vial, esta medida facilitaría la conectividad y contribuiría en reducir los costos logísticos de transporte para las empresas.
- Crear un marco para mejorar la contratación y desarrollo de estudios de ingeniería. En los últimos cinco años, el Gobierno Nacional ha ejecutado solo el 68% del presupuesto asignado para inversiones y actualmente existen más de 1 800 obras paralizadas. Una de las causas de estas demoras es la mala calidad de expedientes técnicos para los proyectos. Como resultado, muchas obras de conectividad con proyectos de inversión privada se retrasan y limitan las operaciones. En línea con ello, proponemos crear un marco legal que permita auditar el proceso de elaboración de los estudios de ingeniería, utilizando las mejores prácticas internacionales. Este marco deberá ser aplicable para los tres niveles de gobierno, con incentivos para que los gobiernos regionales y locales se adhieran.
- Potenciar a las fuerzas policiales para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana: La inseguridad ciudadana es una de las principales trabas para la inversión, y está afectando sobre todo pequeños y medianos negocios. De acuerdo con una encuesta realizada por el BCR en octubre, la criminalidad (robos, estafas y extorciones) es una de las principales limitantes al crecimiento empresarial. En esa línea proponemos invertir recursos en mejorar la infraestructura, equipamiento y tecnología para la policía, instaurar salas especializadas en el Poder Judicial para combatir el “crimen organizado”, y mejorar el control de fronteras, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
