El crecimiento de la economía criminal en los últimos tres años ha sido explosivo y ha venido afectando severamente la calidad de vida de los hogares y el desarrollo de las empresas en todo el país. La inseguridad, la extorsión y la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas, generan muertes y altos costos, y elevan el riesgo de vivir y hacer negocios en el Perú.
Desde el 2019, las denuncias per cápita por casos de extorsión han aumentado más de 400%. En el 2023, de acuerdo con una encuesta realizada por Ipsos, más de un millón de peruanos reportó pagar frecuentemente algún tipo de cupo para poder trabajar y el 82% afirmó sentirse inseguro al caminar por las calles en Lima. Más aún, la ocurrencia de casos de violencia vinculados con la minería ilegal ha venido en aumento, especialmente en regiones de la selva, de acuerdo con el mapeo elaborado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. El reciente ataque a la minera La Poderosa es un ejemplo de ello.
La escalada de inseguridad tiene un impacto relevante sobre la economía. La extorsión es un problema que afecta el desarrollo empresarial, independientemente del tamaño del negocio. Según una encuesta de IPSOS, realizada para APOYO Consultoría y Backus, el 86% de las bodegas encuestadas en Lima califica a la inseguridad o extorsión como un problema grave para el crecimiento de su negocio, porcentaje que asciende a 90% en el norte. De acuerdo con un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional, un aumento de 1% en el ratio de homicidios tiene un impacto negativo de 0,3 puntos porcentuales sobre el crecimiento de una economía.
Hasta el momento, la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente. Este año el Gobierno declaró 4 distritos en Lima y 7 en Piura en estado de emergencia. Sin embargo, de acuerdo con una encuesta realizada por Ipsos a nivel nacional, el 70% de los encuestados opinó que esta medida no tendrá mayor impacto en la lucha contra la inseguridad.
Adicionalmente, para el 2023 se aprobó un aumento de 10% en el presupuesto asignado a la reducción de delitos y faltas que atentan contra la seguridad ciudadana, a cargo del Ministerio del Interior (Mininter), aunque más del 80% de este monto adicional fue destinado a mayores remuneraciones. Aun así, como se mencionó anteriormente, no se registra una mejora en indicadores de seguridad.
El reciente incremento de las actividades ilegales en el país ha sido exacerbado por distintos factores transversales y otros más específicos al tipo de crimen. Por un lado, el impacto de la pandemia y la falta de una respuesta oportuna y efectiva por parte del Gobierno, el debilitamiento económico y el fuerte aumento de los precios han perjudicado la calidad de vida de la población. Por ejemplo, en distritos aledaños a la minera La Poderosa, los altos niveles de pobreza habrían favorecido el crecimiento de la minería informal e ilegal como forma de sustento.
Por otro lado, la crisis política, la corrupción, así como el debilitamiento del Gobierno, son factores que han dificultado la lucha contra la delincuencia. La falta de un liderazgo sólido limita la efectividad de los esfuerzos del Gobierno. Si bien se ha agravado en los últimos años, la elevada rotación en puestos clave no es un problema reciente. En los últimos cinco años, hemos contado con 20 ministros del Interior y 11 jefes de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Específicamente, en cuanto a la minería ilegal, el aumento del precio del oro y la influencia de nuevas organizaciones criminales han favorecido la complejidad y la magnitud de estas actividades que buscan controlar áreas de nuestro territorio y desplazar a la minería formal. En esa línea, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado en el 2016, ha servido como un padrón en el cual, al inscribirse, los mineros informales han podido continuar realizando sus actividades, protegidos de cualquier proceso judicial. Asimismo, el plazo para culminar el proceso de formalización se ha extendido cuatro veces desde su creación. En consecuencia, según un informe de la OEA hay más de 90 mil mineros que se han inscrito al REINFO, pero solo el 2% termina el proceso y se formaliza.
Frente a estas problemáticas, proponemos cuatro lineamientos para dirigir los esfuerzos del Gobierno en la lucha contra la criminalidad y la minería ilegal. Estas medidas están alineadas con las propuestas de los expertos, Dante Vera y Ricardo Valdés, que participaron en el reciente foro sobre economías ilegales organizado por APOYO Consultoría.
- Aumentar la efectividad de la policía con inversión en tecnología e infraestructura para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana. Es insuficiente aumentar la presencia policial en las calles si no cuentan con la infraestructura y equipamiento adecuado. En ese sentido, resaltamos la importancia de aumentar el gasto en inversión en infraestructura de comisarías, tecnología, entre otras herramientas.
- Recuperar el orden interno para enfocar la lucha contra la minería ilegal. Específicamente, sugerimos (i) elaborar un Mapa Nacional de zonas de mayor riesgo, (ii) reforzar la presencia de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) en estas zonas, (iii) incrementar la presencia de la PNP a través de mayores patrullajes y operativos con un enfoque en inteligencia e investigación policial. Estas medidas deben estar orientadas a desalojar a los mineros informales que se encuentran en concesiones formales.
- Concluir el proceso extraordinario del REINFO para incentivar la formalización minera. El Ejecutivo recientemente aprobó ciertas condiciones automáticas para eliminar a mineros que no cumplan ciertas condiciones, como contar con contratos de explotación firmados con el titular de la concesión, o que lleven más de un año suspendidos, del REINFO. Aun así, resaltamos la importancia de que el Congreso deje de aprobar prórrogas y concluya el proceso extraordinario de formalización en la fecha límite actual, diciembre de 2024. Tras esta fecha, los mineros aún no formalizados inscritos en el REINFO perderán la protección del programa, incluyendo la exención de responsabilidad penal. Esta medida busca incentivar la formalización efectiva. La PCM y el MINEM serían los responsables de implementar estas acciones.
- Traspasar la responsabilidad sobre la fiscalización de insumos químicos al Mininter para mejorar el control sobre la minería ilegal y el narcotráfico. La mayoría de los insumos químicos que usa la minería ilegal y el narcotráfico tiene origen legal. La SUNAT –organismo encargado actualmente– no cuenta con personal calificado para hacer este proceso de fiscalización y monitoreo, por lo que proponemos que esta tarea recaiga sobre el Mininter, que es el ente encargado de la lucha contra las actividades criminales.
