Aumento de precios es un fenómeno internacional cuyos impactos el Gobierno no ha sabido mitigar.
En los últimos días hemos escuchado a las autoridades del gobierno decir equivocadamente que la inflación que vivimos es consecuencia de la Constitución y del modelo económico actual. Con ello, tratan de desviar el descontento de la población hacia falsos responsables, a fin de evitar críticas por la poca efectividad que las medidas del gobierno han tenido en reducir el impacto del aumento de precios sobre los sectores más vulnerables.
La inflación actual, que en el Perú ya alcanzó 8,6% anual en abril, es consecuencia de un fenómeno mundial que se ha ido exacerbando. La inflación se produjo inicialmente como consecuencia de los problemas logísticos en la cadena de suministro que generó la reapertura de la economía. Posteriormente se ha agravado debido al conflicto generado por la invasión de Rusia a Ucrania, que ha generado el aumento significativo de los precios del petróleo y sus derivados, así como de los precios del maíz, el trigo, la soya y otros commodities alimenticios.
Pero poco tienen que ver la Constitución y el modelo económico en este fenómeno inflacionario. Por el contrario, en nuestro país la Constitución actual estableció los principios para mantener una inflación baja. En la Constitución se garantizó la autonomía del Banco Central, y se le encomendó como objetivo único mantener la estabilidad monetaria, mandato que ha cumplido de manera sobresaliente. Desde 1993 a la fecha la inflación promedio anual ha sido 4,1%, la más baja que haya registrado algún país en América Latina. Por el contrario, en el periodo de vigencia de la Constitución de 1979, la inflación promedio anual fue más de 200%, la más alta de toda la región.
Además, el modelo económico no genera elevación sistemática de precios. Este se basa en la autonomía del Banco Central, la responsabilidad fiscal y rol subsidiario del Estado, la apertura de la economía y respeto a las reglas de mercado y el tratamiento similar a la inversión privada nacional y extranjera. Por ello, junto con la baja inflación mencionada en el párrafo previo, el modelo ha permitido tener un crecimiento promedio anual de 4,5%, mucho mayor que el crecimiento promedio de 0,4% entre 1979 y 1993, así como una reducción de la pobreza de 59% en 2004 a 21% antes de la pandemia.
Así, lo que está fallando no es la Constitución ni el modelo económico, sino la gestión pública y la capacidad de las autoridades de este gobierno, que no han podido aplicar medidas que palíen el impacto de este choque externo sobre la población más vulnerable y, por el contrario, vienen aplicando medidas que incluso generan mayor aumento de precios.
– La inflación está afectando a todos los países del mundo, que en su gran mayoría están sufriendo un choque de oferta por los mayores precios del petróleo y los granos, producto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Estos dos países, importantes productores de petróleo, gas y granos, están reduciendo la provisión de estos bienes al mundo por los efectos destructivos de la guerra, así como por las sanciones que los países de occidente están imponiendo a Rusia. Respecto a diciembre, el petróleo ha aumentado 46%, el maíz 16%, el trigo 48% y la soya 10%. Así, Estados Unidos, quizás el único país con presiones de demanda, tiene una inflación de 8,3% y la Eurozona de 7,5%. En los países de la región también se está dando este fenómeno, tal es el caso de Chile con una inflación de 10,5%, Colombia 9,2%, Brasil 12,5%, México 7,7%, entre los principales.
– En la mayoría de países los precios al por mayor han subido más que los precios al consumidor. Esto se debe, por un lado, a que las empresas aún deben estar utilizando insumos que compraron previamente a un precio menor y, por otro lado, a una reducción de los márgenes operativos por la imposibilidad de trasladar todo el impacto de los mayores costos al consumidor producto de la competencia. Sin embargo, esto puede llevar a que la inflación sea más persistente, pues falta trasladar todas las presiones de costo.
– Ante ello, la respuesta de los bancos centrales ha sido aumentar la tasa de interés para contener las expectativas de inflación. En el Perú, el Banco Central inició el ciclo de retiro del estímulo monetario en agosto de 2021 elevando la tasa en cada uno de los últimos 9 meses en 50 puntos, hasta 5%. Sin la autonomía del Banco Central de Reserva, hecha explicita en la Constitución, en nuestro país este accionar podría estar en riesgo.
– Por otro lado, pasado el periodo de crisis por la COVID-19, con la economía en reapertura y con presiones de inflación internacionales, también es necesario retirar la liquidez adicional que se inyecto durante la pandemia. Ello se lograría, al menos parcialmente, con el vencimiento de los créditos de los programas de Reactiva. Sin embargo, las prórrogas adicionales del pago de estos créditos que se están discutiendo en el Congreso pueden reducir la efectividad de las herramientas del Banco Central para contraer la cantidad de dinero en exceso en la economía.
– El gobierno, por su parte, ha tomado medidas que no han logrado reducir los precios de los productos básicos y que no han beneficiado a la población más vulnerable. Como se anticipó en la Nota de Opinión AC, ni las exoneraciones del IGV a algunos productos básicos ni la reducción del ISC a los combustibles han logrado el objetivo deseado. Estas medidas estuvieron maldiseñadas y no respondieron a las características de la economía peruana, pues la población de menores recursos se abastece a través de una cadena de comercialización en la que prima la informalidad y que no paga IGV. Es probable que estas medidas generen costos fiscales permanentes, frente a choques económicos temporales.
– Algunas medidas, como la prohibición de usar leche en polvo para producir leche evaporada, podrían generar incluso un mayor aumento de precios. Estas medidas no están pensadas con el objetivo de proteger al consumidor, sobre todo al de menores ingresos que se beneficia de productos baratos, sino para beneficiar a grupos particulares.
– Así, el gobierno no está tomando medidas para paliar el impacto de la inflación en la población más afectada. En la medida que esta es una inflación liderada por aumento de precios de alimentos la población de niveles socioeconómicos bajos es la más afectada, pues estos productos representan el 42% de su canasta de consumo (versus 22% de la canasta de los niveles socioeconómicos altos). Por ello, en vez de tomar medidas generales, el gobierno debería focalizar sus medidas en aliviar el impacto de este aumento de precios en la población más pobre, tanto con la provisión de bonos como con la provisión de logística y abastecimiento adecuado a los programas de alimentación popular.
Está en manos del gobierno tomar las medidas adecuadas para mitigar el impacto del aumento de precios sobre la población más vulnerable. Para ello no necesita una nueva Constitución ni un nuevo modelo económico, pues estos no son las causas de la inflación. Lo que hace falta son políticas adecuadas y capacidad de gestión, algo en lo que el gobierno tiene que mejorar muchísimo. Insistir en la Asamblea Constituyente, por la incertidumbre que genera sobre la inversión privada, va en sentido contrario a lo que necesita la población en este momento: más ingresos y más empleo.
