Petroperú enfrenta una crisis de sostenibilidad, que llevó al Gobierno anterior a comprometer recursos públicos para evitar los riesgos de desabastecimiento energético. Este Gobierno de transición tiene la oportunidad de evitar caer en los mismos errores que han llevado a la empresa petrolera estatal a la crisis que enfrenta actualmente. En esta nota de opinión analizamos las causas de los problemas financieros que actualmente afectan a Petroperú. En una segunda parte, presentaremos algunas recomendaciones de medidas que, en opinión de APOYO Consultoría, contribuirán a corregir el rumbo de Petroperú y evitar la necesidad de nuevos salvatajes financieros con recursos públicos.
El año pasado, durante el Gobierno de Pedro Castillo, se comprometió US$2,250 millones a Petroperú -vía préstamos, garantías y aportes de capital- para asegurar que sus problemas de liquidez no afecten la continuidad de sus operaciones, y así evitar el desabastecimiento de petróleo y posibles incrementos de precios en el mercado local. Este monto es equivalente a la inversión necesaria para construir 23 hospitales de mediana complejidad, 115 colegios nacionales de alto rendimiento o 3 aeropuertos internacionales. Y existe el riesgo de que existan nuevos paquetes de salvataje.
² Se toma como referencia al Aeropuerto Internacional Chinchero.
Las razones de la crisis de Petroperú
La crisis financiera en la que se encuentra Petroperú responde a una serie de malas decisiones, inversiones cuestionables y gestiones inadecuadas. Como suele ocurrir con las empresas estatales en el país, Petroperú cuenta con un gobierno corporativo muy deficiente que genera (i) que no estén alineados los intereses de los accionistas –todos los peruanos– y de la administración, lo cual implica un sistema de control débil que lo hace susceptible a casos de corrupción, y (ii) un equipo gerencial y operativo que no está preparado para proyectos de alta complejidad y cuyas decisiones están sujetas a interferencia política y a la voluntad de los gobernantes de turno.
Según Carlos Paredes, ex Presidente de Petroperú, los canales a través de los cuales se transmite esa interferencia política son principalmente tres: empleo, precios e inversión, siendo el caso emblemático la modernización de la refinería de Talara. Por ejemplo, en el pasado, se utilizó a Petroperú como fuente de generación de empleo. En el 2002, el Gobierno de turno obligó a la empresa estatal a contratar personal que había sido despedido de otras instituciones. Como consecuencia, hubo exceso de personal sin experiencia en el sector y sin capacidad técnica para su puesto. Por otro lado, también se ha intervenido en la política de precios de los combustibles con el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, cuyas deudas con las refinerías se tardan en cubrir. Sin embargo, el caso emblemático y que ha llevado a la empresa a una situación crítica es el proyecto de inversión de la modernización de la refinería de Talara, que lejos de beneficiar a la población se ha convertido en una carga.
Por un lado, el proyecto de modernización de la Refinería carece de sustento técnico y económico. El objetivo inicial era satisfacer la nueva regulación ambiental que imponía a la industria la obligación de producir o comercializar combustible con menos contenido de azufre. Después se decidió ampliar la capacidad de refinación de 65 mil a 95 mil barriles diarios y habilitarla para la refinación de crudo pesado. Esto llevó a que políticamente se tome la decisión de flexibilizar los procesos de inversión y contratación para Petroperú. En el 2006 se la excluye del Fonafe³ y de las normas y reglamentos del SNIP₄. Sumado a ello, la falta de transparencia en el manejo de la empresa llevó a una valoración del proyecto con falencias que sobreestimaba su beneficio financiero.
Altos costos de un proyecto no prioritario
Con el pretexto de industria estratégica, se embarcó al país en una inversión multimillonaria, cuyos retornos son muy bajos comparados con cualquier inversión para cerrar brechas de infraestructura y beneficiar a los más necesitados. El Perú es importador neto de petróleo, es decir, lo que se produce localmente no cubre la demanda. Tampoco se evaluó el costo de oportunidad de esta millonaria inversión en refinar petróleo, ni si era más rentable para el país importar combustibles menos contaminantes, almacenarlos y distribuirlos; menos se evaluó las condiciones del oleoducto norperuano que transporta el crudo pesado que supuestamente procesaría la empresa; y peor aún, no se valuó los costos de flete que implica tener una refinería alejada de los centros de consumo.
El proyecto de la Refinería de Talara duplicó su costo inicial. En el 2014 se aprobó el proyecto con un presupuesto de US$2 700 millones, pero ha terminado costando US$5 700 millones. Como referencia, la empresa Relapasa (Repsol) invirtió US$ 741 millones en adaptar la refinería de La Pampilla a las nuevas exigencias ambientales. La construcción de la Refinería de Talara no va a generar ningún beneficio al consumidor en términos de precios de los combustibles. Si bien estos se venden en el mercado interno tomando como referencia los precios internacionales, en varios periodos Petroperú ha tardado en ajustar el precio local de combustibles durante caídas de la cotización internacional del petróleo.
El alto endeudamiento y las demoras para iniciar la operación de la refinería ponen a la empresa en una situación de alta vulnerabilidad
Al cierre del 2022, la empresa acumulaba una deuda financiera por US$5 150 millones, de los cuales US$3 000 millones corresponden a bonos emitidos en el mercado internacional y US$1 300 millones con la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, y el resto a otros préstamos bancarios. Además, el último Gobierno tuvo que hacer un aporte de capital de US$1 000 millones y comprometer préstamos y garantías por US$1 250 millones para paliar los problemas de liquidez de la empresa.
El reciente deterioro en la gestión de la empresa ha agravado los problemas
Más aún, la situación de Petroperú se agudizó durante el Gobierno anterior, pues la falta de transparencia en la toma de decisiones ha llevado a la empresa a una crisis de liquidez. En el 2022, la gestión de la empresa petrolera no fue capaz de publicar balances auditados e hicieron operaciones de compra de combustibles que hoy son investigados por corrupción. Esto trajo consigo la rebaja de calificación crediticia por debajo del grado de inversión, caída en el valor de los bonos, reducción en las líneas de crédito, incremento en las tasas de interés y, por consiguiente, serios problemas de liquidez.
Así, la Refinería de Talara es un proyecto que lejos de crear valor, representa un costo que pagamos todos los peruanos. Su modernización debe servirnos como lección y debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de poner más candados a estas iniciativas políticas que finalmente perjudican a la población. Hoy no solo tenemos menos hospitales y escuelas de las que podríamos haber tenido, sino también estamos arriesgando la calidad de la deuda soberana del país, lo que repercutirá en un mayor costo financiero para el Estado y para el sector privado.
³ Corporación empresarial perteneciente al Estado cuyas funciones son normar y dirigir la actividad empresarial, aprobar el presupuesto consolidado y administrar la renta producida por la inversión de las empresas que la conforman.
₄ Sistema administrativo del Estado que se encarga de certificar y monitorear la calidad de los Proyectos de Inversión Público.
