Esta semana, el Gobierno avanzó con el proceso de entregar a Petroperú la operación de tres lotes petroleros con contratos por vencer en el norte, por un periodo de hasta dos años o hasta que se convoque una nueva licitación. En lugar de llevar a cabo un concurso público antes del vencimiento de los contratos y elegir un postor que tenga la capacidad de explotar los lotes, realizar inversiones para asegurar su producción futura y contribuir con el pago de regalías y canon, el Gobierno ha tomado esta decisión arbitraria, que privilegia a una empresa pública por sobre la empresa privada e ignora el debido proceso de licitación y el beneficio público.
Así, la insistencia del Gobierno de entregar a Petroperú la operación de los lotes, aunque de manera temporal, genera el riesgo de que se retrase el proceso de adjudicación. Ejemplo de ello, en el 2021, se le otorgó también temporalmente a la empresa estatal la explotación del Lote I, contrato que ha sido renovado de manera indefinida.
Esta decisión buscaría fortalecer financieramente a Petroperú, al otorgarle la explotación directa de pozos, en lugar de que la empresa tenga que recurrir a la compra de petróleo para abastecer al mercado. Sin embargo, esta medida de alivio temporal y arbitraria incrementa el riesgo de que se necesiten rescates financiados con recursos públicos en el futuro.
Petroperú no cuenta con la capacidad financiera ni operativa para hacerse cargo de los lotes. El año pasado, el MEF inyectó más de US$2,500 millones a la empresa para evitar que los problemas de liquidez afecten sus operaciones y el abastecimiento de petróleo en el mercado local. El mes pasado, la empresa solicitó US$3,200 millones adicionales, pero el Gobierno acertadamente no aprobó otorgarle más ayuda financiera. Asimismo, si bien Petroperú cuenta con dos lotes asignados (Lote 64 y Lote 192), estos no se encuentran operativos a falta de un socio estratégico.
¿Por qué está Petroperú en esta situación?
La administración de Petroperú no responde a los intereses de sus dueños, que somos todos los peruanos. El débil sistema de control hace susceptible a la empresa ante la corrupción y genera ineficiencias que se cubren con los impuestos que pagamos todos los peruanos, en lugar de que estos sean destinados a inversiones urgentes, como la atención a la emergencia climática o la lucha contra la delincuencia. Asimismo, el equipo gerencial y operativo no está preparado para proyectos de alta complejidad y sus decisiones están sujetas a interferencia política y a la voluntad de los gobernantes.
Específicamente, la inversión en el proyecto de la refinería de Talara, que carecía de sustento técnico y económico, aumentó de manera significativa la deuda de la empresa. Este proyecto duplicó su presupuesto inicial y enfrentó una serie de retrasos en su inauguración que incrementan la vulnerabilidad de la empresa. A fines del 2022, Petroperú acumulaba una deuda financiera por más de US$ 5 500 millones.
Esta situación ha sido agravada por la falta de transparencia en la toma de decisiones, que ha llevado a la empresa a una crisis de liquidez. En el 2022, la gestión no publicó balances auditados y realizó operaciones de compra de combustibles que hoy son investigadas por corrupción. Esto trajo consigo la rebaja de calificación crediticia por debajo del grado de inversión, una caída en el valor de los bonos, la reducción en las líneas de crédito, el incremento en las tasas de interés y, por consiguiente, serios problemas de liquidez.
¿Qué debería hacer el Gobierno?
Desde APOYO Consultoría, proponemos las siguientes cuatro medidas:
- Prorrogar la concesión de los lotes petroleros con contratos por vencer y acelerar los nuevos procesos de licitación. Transferir la operación de los pozos a otra empresa por un corto periodo de tiempo es altamente ineficiente y genera el riesgo de que se prolongue el proceso de adjudicación. En particular, Petroperú no cuenta con los conocimientos necesarios para la explotación petrolera ni con la capacidad financiera para enfrentar las inversiones que podrían requerir estos lotes para sostener los niveles de producción durante este periodo. En ese sentido, encargar a la empresa estatal la operación de estos pozos podría generar la necesidad de nuevos rescates con recursos públicos en el futuro.
- Informar con apertura y transparencia los fundamentos sobre los que se sustenta el valor económico de la empresa. La valorización es un primer paso para reconocer los problemas que enfrenta la empresa y que debe resolver para ser eficiente y atraer capitales privados. De hecho, esto forma parte de las condiciones que se le ha exigido a la empresa estatal con el último rescate por parte del Gobierno.
- Atraer aportes de capital privado para mejorar la gobernanza y el patrimonio de Petroperú: La participación de inversionistas privados no solo reduciría el endeudamiento e incrementaría el patrimonio de Petroperú, sino sobre todo fortalecería la institución a través de mejoras en la gestión. A raíz del aporte de capital por parte del Gobierno, el año pasado, la empresa debe llevar a cabo una oferta pública para la emisión de acciones por hasta 49% de su capital, de acuerdo con la ley vigente. Sin embargo, una participación minoritaria y el derecho al voto no son incentivos suficientes para inversionistas que quieran tener injerencia en el manejo de una firma que atraviesa una crisis de sostenibilidad.
- Regresar a Petroperú temporalmente al FONAFE para eliminar la interferencia política y lograr un buen gobierno corporativo: Mientras el FONAFE se mantenga como una unidad técnica y apolítica, permitirá tener un mayor control sobre el gasto, la ejecución del presupuesto, los objetivos y la selección de gerentes en Petroperú. En particular, el FONAFE debería designar un directorio independiente y meritocrático, que no dependa del Gobierno de turno. Esto reduciría significativamente el nivel de rotación de directores y blindaría la interferencia política.
