1,3 millones de peruanos pasan hambre debido a la falta de acción del Gobierno.
“Hoy hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos” ha sido quizá la frase más desafortunada del presidente Pedro Castillo. Esta refleja un alto grado de desconocimiento de la realidad nacional. Lo que dice el mandatario no refleja lo que sucede en el mercado laboral, que muestra que el peruano quiere trabajar, pero no encuentra empleo. En el cuarto trimestre del 2021, la tasa de desempleo urbano fue de 5,4%, es decir, alrededor de 800 mil personas desearon laborar, pero no hallaron oportunidades. La recuperación del mercado laboral urbano se ha dado en condiciones precarias, con un incremento del empleo informal y niveles de ingreso todavía 10% por debajo de los niveles prepandemia.
Esta evolución del mercado laboral ha incidido en que la tasa de pobreza se mantenga en 26%, por encima de su valor del 2019 (20%), y que hoy 420 mil peruanos más en extrema pobreza no puedan cubrir su gasto en alimentos. En estas familias, la causa de sus dificultades económicas está lejos de ser la ociosidad. De hecho, el porcentaje de la población en extrema pobreza que trabaja es similar al de la población no vulnerable de ingresos más altos. Sin embargo, sus ingresos son significativamente más bajos porque solo pueden acceder a trabajos de baja productividad, en su gran mayoría en el sector informal. Además, para compensar estos bajos ingresos, aproximadamente la mitad de los jóvenes menores de 17 años de las familias en extrema pobreza se ven obligados a buscar trabajo.
Lejos de mitigar esta situación, las políticas del Gobierno suman al deterioro de los indicadores laborales y sociales al generar un entorno negativo para la inversión y la generación de empleo. Por un lado, políticas generales como pretender el cambio de la Constitución, que afectan las condiciones de estabilidad y certidumbre que se requieren para atraer inversión; y por el otro, políticas específicas sobre legislación laboral, como los límites a la tercerización y el proyecto de nuevo Código Laboral, que desincentivan la contratación formal y repercuten en el bienestar de los peruanos. Además, la incapacidad para gestionar los conflictos sociales impide aprovechar los altos precios de los metales que siempre estuvieron asociados con auge económico, y puede afectar el desarrollo de proyectos de inversión y el crecimiento de mediano y largo plazo.
En este contexto, enfrentar con éxito el alza de los precios de los alimentos requiere un cambio radical en las políticas del Gobierno, que implique un diagnóstico adecuado y capacidad de gestión. Todo ello requiere contar con gente idónea en la gestión del Gobierno, en particular en los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego y el de Desarrollo e Inclusión Social, los responsables directos de enfrentar los potenciales retos en el abastecimiento de alimentos. Además, sin un marco adecuado para fomentar la inversión y el empleo, los efectos de la crisis serán más fuertes y duraderos. Si el Gobierno no corrige rápidamente el rumbo, todos los peruanos sufriremos las consecuencias, y los más pobres serán los más afectados.
– La recuperación del empleo se ha dado sobre todo en el sector informal, ante la ausencia de empleo formal. Respecto a 2019, el empleo formal se redujo en 700 mil personas en 2021, en tanto que el empleo informal se incrementó en 570 mil personas. Esto quiere decir que luego de la pandemia no se ha podido crear empleo formal suficiente y la gente está accediendo a empleos informales de baja productividad y nula protección social. Como resultado, la tasa de informalidad pasó de 66% el 2019 a 71% el 2021.
– El crecimiento de la informalidad laboral está acompañado de una caída de los ingresos monetarios respecto al 2019. El 2021 el ingreso promedio mensual en el área urbana fue de S/1450, menor en 10% al de 2019. Tomando en cuenta el aumento de precios en estos años, la pérdida de poder adquisitivo ha sido de 15%.
– Hasta el 2019 uno de cada cinco peruanos era pobre y ahora 1 de cada cuatro lo es. Hemos retrocedido 10 años en términos de lucha contra la pobreza. Este aumento de la pobreza se ha dado fundamentalmente en el área urbana, en tanto que en el área rural ya la tasa de pobreza es ligeramente menor. En particular, en Lima Metropolitana la pobreza aumentó 11 puntos al pasar de 14% el 2019 a 25% el 2021.
– Actualmente 1,3 millones de peruanos no pueden cubrir el costo de una canasta básica de alimentación. Este grupo, que ya está sufriendo hambre, representa el 4% de la población (420 mil pobres extremos más que en el 2019).
– El 35% de la población que no es pobre está en una situación vulnerable y es probable que una importante fracción de esta caiga en pobreza. Existen 11,4 millones de personas que, sin ser pobres, son vulnerables, es decir que pueden caer en la pobreza por factores económicos o peculiares de cada persona. Con el aumento de precios de los alimentos que estamos viviendo, y que es probable que se agudice el próximo año, se eleva el riesgo de que una mayor cantidad de gente caiga en pobreza y extrema pobreza.
– Si no se aplican las políticas adecuadas la pobreza extrema y la pobreza total serían mayores en 2022. Si el costo de la canasta básica sube 7% y los ingresos de la población no aumentan a causa de un estancamiento de la economía, la pobreza total podría elevarse hasta 30%. Además, debido a que los alimentos son los productos con mayor aumento de precios, sería más difícil costear una canasta básica de alimentos, por lo que habría también una mayor población en extrema pobreza, que se estima podría estar alrededor del 5%. Para evitar este escenario, algunas opciones de política que APOYO Consultoría ha sugerido anteriormente son la creación de un bono focalizado y temporal para las familias más afectadas e incrementar el presupuesto de programas sociales enfocados en combatir el hambre (ver aquí).
